AMBIENTE

Chubut: un ejemplo de resistencia contra la megaminería

Desde hace 18 años diferentes asambleas defienden al territorio chubutense contra la megaminería. Ayer se manifestaron en todo el país y lograron que la sesión extraordinaria en la que se iba a tratar el proyecto de ley para la zonificación minera quedara sin efecto.

En una entrevista con Juan Pablo Nievas, biólogo, docente y miembro del Colectivo de Trabajadores de la Ciencia, la Educación y la Salud de Chubut, dialogamos acerca del conflicto a raíz de la propuesta del oficialismo para habilitar la megaminería metalífera a cielo abierto en la provincia de Chubut.


Hay muchísimos antecedentes de casos en los que se hace una reunión express y se saca un proyecto de un momento para otro. Por eso estamos muy atentos a la información minuto a minuto. Hay que estar alerta; estamos frente a un contexto de mucha presión y lobby minero y también frente a un contexto de una alta corrupción. El año pasado se conocieron escuchas del diputado de Cambiemos Sebastián López, en las que se hablaba de las coimas a cambio de impulsar la explotación minera, algo que sabemos que existe», contaba ayer Juan Pablo Nievas desde Puerto Madryn.


Nievas se refería a la sesión extraordinaria convocada esta semana por el gobernador Mariano Arcioni, a través de un decreto, para tratar en la Legislatura de la Provincia de Chubut el Proyecto de Ley 128/20 para la zonificación minera, que habilitaría la extracción de metales en la región. Frente a este escenario, ayer se realizó una movilización plurinacional en defensa del agua, que contó con la participación de miles de personas de diversos territorios del país. Ese mismo día, la Comisión de la Legislatura provincial informó que se había resuelto dejar sin efecto la convocatoria.

La provincia chubutense logró una estructura asamblearia que desde hace 18 años defiende el territorio frente a proyectos mineros propuestos por los gobiernos de turno.

En 2003, el plebiscito que rechazó la minería en Esquel marcó la historia de Chubut, y a partir de su rotundo resultado y de la presión social, se logró promulgar en la provincia la Ley 5001 que prohíbe la minería a cielo abierto con uso de cianuro.

EL ALCANCE DE LA LEY 5001 Y EL RECLAMO ACTUAL

La ley fue un triunfo, pero dejó abierta la posibilidad de que se realice una zonificación para habilitar la minería en algunos lugares de la provincia. Por eso, aún continúan los esfuerzos en el territorio para mejorar las herramientas legales de protección de la Naturaleza. En el 2020, a través de una Iniciativa Popular se propuso un Proyecto de Ley que contempla prohibir en todas sus etapas la actividad minera metalífera a gran escala, con uso de cualquier sustancia química contaminante, tóxica o peligrosa. Al momento, este proyecto no tuvo tratamiento por parte de la Legislatura provincial.

EL PROYECTO DEL EJECUTIVO Y PAN AMERICAN SILVER

El proyecto del gobierno provincial presentado en 2020 sí avanzó y se iba tratar hoy viernes 5 de febrero. De su aprobación depende el Proyecto Navidad de la empresa canadiense Pan American Silver, para llevar adelante la extracción de metales en la meseta chubutense, uno de sus tres grandes proyectos para América Latina.

– ¿Qué necesita el Ejecutivo para que se trate el Proyecto de Ley 128/20?

– Tiene que estar aprobado por dos tercios de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, compuesta por nueve diputados y diputadas. Se necesitan al menos cinco votos a favor para conseguir el dictamen y que la ley se trate en Legislatura. Aparentemente, esos votos ya estaban, pero en las últimas horas la Comisión quedó en cuarto intermedio e informó que no se haría la sesión extraordinaria propuesta por el gobernador.

– ¿Cuál es la propuesta alternativa?

La propuesta que sigue encajonada es la Iniciativa Popular (IP), presentada a través del mecanismo de democracia directa que le permite al pueblo presentar un proyecto de ley. La IP fue firmada por más de 30.000 personas que avalan un proyecto completamente opuesto al de zonificación minera que propone la provincia. Lamentablemente sigue sin tratarse y estamos luchando para que salga.

– ¿La IP vendría a cerrar la ventana que dejó abierta la Ley 5001?

– Claro. Se toma como antecedente la Ley 5001 vigente que prohíbe la explotación metalífera a cielo abierto con cianuro, pero si se analiza habilitaría la explotación a partir de la zonificación de una porción de la provincia, en este caso la meseta central chubutense. La IP toma el marco teórico de la 5001 para mejorarla, ya que plantea prohibir la explotación metalífera a cielo abierto y también que la matriz productiva y económica de la provincia se mire desde otro enfoque, con alternativas productivas que permitan impulsar el trabajo en sectores vulnerados. Por eso, sostenemos que la IP es una herramienta muy fuerte y es nuestra bandera de lucha.

¿Cómo fue cronológicamente la presentación de estos proyectos?

– Primero se presentó la IP y luego se impulsó el proyecto de zonificación que automáticamente salió a ser debatido, con el aval del gobierno nacional de Alberto Fernández. Por eso destacamos lo ilegal y antidemocrático del accionar del gobierno provincial, que está profundizando la crisis institucional, social, política y económica que atraviesa Chubut desde hace años, intensificada con la propuesta de megaminería. Estamos hablando de una provincia endeudada con un atraso muy importante en los salarios de la masa estatal, como docentes y personal de salud.

Manifestación en la Ciudad de Buenos Aires

– ¿Cómo se articulan los espacios de resistencia?

La Asamblea de Ciudadanos de Chubut siempre está muy activa y movilizándose. Este año además logramos conformar un Colectivo de Trabajadores de la Ciencia, la Educación y la Salud y elaboramos una carta abierta dirigida al gobierno nacional y a la dirigencia política provincial, en la que dejamos clara la oposición a la megaminería y al proyecto de zonificación, a partir de tres argumentos elementales:

1. No cuenta con licencia social. Gran parte de la población de Chubut dijo que no a la megaminería, y están los antecedentes que ya mencionamos: la Ley 5001, el plebiscito del 2003 que marcó un antes y un después en la historia de Chubut y hubo otro proyecto de Iniciativa Popular en el 2014 que también quedó encajonado. Además, la zonificación fue rechazada por comunidades de pueblos originarios y esto viola tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT. También hay una gran responsabilidad política, ya que Arcioni se postuló en el 2019 diciendo que no iba a impulsar la minería y que se iban a conservar los recursos, y a medida que pasó el tiempo dio vuelta este argumento.

2. Hubo debates ficticios. El proyecto del oficialismo no se elaboró de manera participativa y democrática. Quedaron excluidos muchos actores importantes de la sociedad y no hubo consultas previas a las instituciones científicas o a las universidades locales, ni a las organizaciones socioambientales o pueblos originarios. Un punto importante para sumar es el accionar de los medios hegemónicos locales y nacionales, que informaron participación y debates que fueron una falacia, porque se hicieron a puertas cerradas y para unos pocos, participaron personas del mundo de la ciencia y de las academias que no representan el todo y dejaron afuera la voz de investigadores, científicos/as, técnicos/as y educadores.

3. Hay un impacto negativo conocido en cuanto a la economía, la salud, la sociedad y la naturaleza si se impulsa un proyecto a esta escala. Algunas cuestiones a saber: 

– Agua: el recurso de agua dulce que tenemos del Río Chubut y de otras cuencas hídricas en la meseta son una cuestión clave y fundamental. Hay estudios de CENPAT, un instituto que depende del CONICET, donde se estima que entre los próximos 50 y 60 años va a haber una reducción de entre un 30% y un 40% en el caudal del Río Chubut, como consecuencia del cambio climático global. ¿Cuál sería entonces el escenario si la megaminería se instala en la provincia, y sabiendo que es una industria que consume millones de agua dulce?

Tejido social: estos emprendimientos rompen tejidos sociales en las comunidades de los pueblos originarios. Se dice que van a traer desarrollo, progreso y trabajo pero los beneficios económicos son para unos pocos.

Salud: desde la Sociedad Argentina de Pediatría se advierten los efectos negativos en la salud de los niños y de las niñas, las consecuencias en cuestiones psiquiátricas, de desnutrición y demás daños irreparables.

Ambiente: con respecto al pasivo y todo el daño ambiental, dicen que se van a hacer controles y que se van a formar entes reguladores, pero es una gran mentira. Hoy en Chubut muchas áreas y sectores productivos no son controlados, como la pesca o los desechos urbanos, y es muy difícil que se aseguren controles para las megamineras en este contexto.

– ¿Estos proyectos proponen soluciones de desarrollo real a largo plazo?

– Como grupo hacemos una autocrítica para mejorar la divulgación de la información que existe en el ambiente académico y demuestra que no. Es cuestión de ver qué pasa en San Juan, donde los grandes medios hegemónicos y la dirigencia política actual dicen que es el modelo de megaminería a replicar, pero si vamos a Jáchal veremos cómo quedan el ambiente, los recursos naturales explotados y la sociedad, y por qué gran parte de San Juan resiste. Tenemos ejemplos también en La Rioja, Catamarca o Chile. Hay un discurso de economía próspera, que finalmente queda concentrada en pequeños grupos hegemónicos que se reparten las ganancias. Los sindicatos juegan también un rol muy importante y se distribuyen las regalías, los porcentajes que quedan en las provincias son completamente irrisorios. A la comunidad no le queda más que hambre y deterioro ambiental, una matriz social destruida e impactos en la salud difíciles de revertir. Hay muchísimos casos en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo que muestran las consecuencias negativas de actividades como la megaminería.

– ¿Cuál es el mensaje del Colectivo de Trabajadores de la Ciencia, la Educación y la Salud frente a este conflicto?

– Como embajadores de la Ciencia, la Educación y la Salud de la provincia no apoyamos el Proyecto de Ley 128/20 de zonificación y queremos que se trate la Iniciativa Popular (IP). Queremos que se debata seriamente, en los ámbitos que correspondan, una matriz socioproductiva diversificada, sin megaminería, con actividades productivas coherentes con las características sociohistóricas y ambientales que tiene la meseta, y con los habitantes de la provincia.

Manifestación en la Ciudad de Buenos Aires

– ¿Cómo se plantea la diversificación de esa matriz?

– Es una zona agrícola-ganadera. La ganadería ovina es el motor principal histórico de crecimiento y desarrollo, y en los últimos años fue muy postergada. Hoy existen pequeños y medianos productores que se sostienen formando cooperativas y asociaciones para desarrollar sus actividades ganaderas con pequeños rebaños de ovejas y chivas. Es una organización muy interesante y que hay que visibilizar, porque han logrado poner valor agregado a su actividad con otras instituciones como el INTA, con programas que tienen muy buenos resultados. La meseta tiene algo que tenemos que cuidar muchísimo que es el recurso acuífero, el arroyo Telsen, el acuífero Sacanana, son reservas de agua dulce que manejadas coherentemente por actores locales pueden fortalecer una red hidrosocial. Hay muchos ejemplos de prácticas que pueden traer desarrollo para la región:

  • Turismo rural
  • Vitivinicultura
  • Sitios paleontológicos a preservar que pueden dar una posibilidad turística
  • Cooperativas que promuevan la agroecología (ya se han formado en el Río Chubut, en el Arroyo Telsen, en la Cordillera, en la Comarca, y tienen un componente muy fuerte de la Unión de Trabajadores de la Tierra, que se está organizando para mejorar la tierra y generar productos de buena calidad, sin contaminantes ni pesticidas)

Actualización: luego de la jornada de ayer, gracias a la gran presión social y al trabajo de diferentes comunidades, asambleas, organizaciones civiles, instituciones científicas, técnicas y académicas de la provincia, la Jueza de Esquel Alicia Arbilla decidió, como medida cautelar, suspender el tratamiento del proyecto de Ley 128/20.

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